Expertos advierten que el Gobierno podría concentrar aún más la población en la Nueva EPS y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.
La aplicación del nuevo modelo de aseguramiento en salud que quiere realizar el Gobierno podría generar fuertes traumatismos en el sistema. Así lo advierte un análisis técnico presentado este lunes por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, que señala la entrada en vigor del Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025 obligará a 2,3 millones de usuarios el 4,4 % de la población afiliada a cambiar de EPS en los próximos seis meses.
La medida, que reorganiza el aseguramiento en diez regiones y 119 subregiones funcionales, busca implementar el nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. Sin embargo, el informe técnico del observatorio advierte que la transición traerá consigo riesgos inmediatos para los pacientes, el acceso a servicios básicos y la sostenibilidad de las entidades aseguradoras.
Libre elección en entredicho
Uno de los puntos más críticos del análisis es la pérdida del derecho a la libre elección de EPS. Los usuarios no podrán decidir a qué entidad afiliarse, sino que serán reasignados según criterios de habilitación territorial definidos por la norma.
En la práctica, el traslado masivo recuerda los procesos de liquidación de aseguradoras que han ocurrido en el pasado, cuando la Superintendencia de Salud debía redistribuir afiliados de entidades en crisis. La diferencia es que ahora se trata de una reorganización administrativa, no de un colapso financiero.
“Los pacientes no solo perderán la EPS que eligieron, sino que desconocen cuál entidad asumirá su atención. Esa incertidumbre, en sí misma, ya vulnera un derecho esencial”, señala el documento de Así Vamos en Salud.
El rediseño territorial no afecta a todas las EPS por igual. Según las simulaciones sobre la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), las entidades de tamaño intermedio son las más perjudicadas: Cajacopi deberá ceder el 30,5% de su población afiliada, Coosalud el 17,8%, Asmet Salud el 17,1% y Famisanar el 13%.
En contraste, las tres grandes aseguradoras privadas Sanitas, Sura y Salud Total cederán entre el 1,3% y el 3,8% de sus afiliados, mientras que la Nueva EPS, con más de 11,7 millones de usuarios, no perderá ninguno, gracias a la excepción para entidades con más del 20% de la afiliación nacional.
Paradójicamente, las EPS pequeñas con menos de un millón de usuarios salen relativamente indemnes: la norma permite su permanencia en los territorios donde ya operan, incluso si superan el límite máximo de entidades por subregión.
Otro cambio profundo introducido por la Resolución 1789 es que la habilitación ya no se define municipio por municipio, sino por subregiones. Esto implica que, si una EPS obtiene autorización en una subregión, automáticamente adquiere la responsabilidad de atender a todos los municipios que la componen, incluso en aquellos donde antes no tenía un solo afiliado.
Este diseño busca racionalizar el aseguramiento, pero también genera un escenario paradójico: algunas EPS deberán ampliar su operación a decenas de municipios donde nunca han prestado servicios. Ejemplo de ello es Capresoca, que pasa de operar en 36 municipios a tener responsabilidad en 175; o Sanitas, que extiende su cobertura de 415 a 646 municipios.
La contracara es la pérdida territorial de entidades intermedias: Cajacopi pasa de 342 a 116 municipios; Coosalud, de 297 a 143; y Salud Total, de 442 a 291.
Las regiones más impactadas por la aplicación del Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025 son aquellas donde las EPS intermedias concentran buena parte de su operación pero no logran cumplir los criterios de habilitación territorial. Según el análisis, la Región Noroccidental —que incluye departamentos como Antioquia, Córdoba, Chocó y parte de Bolívar— será una de las más afectadas, pues allí entidades como Coosalud y Cajacopi deberán ceder un alto porcentaje de sus afiliados.
También presentan impactos significativos las regiones Centro Oriente y Sur, donde EPS como Asmet Salud y Famisanar perderán cobertura en múltiples subregiones, generando incertidumbre sobre la continuidad de servicios para miles de pacientes en zonas con alta dispersión geográfica y limitaciones en infraestructura en salud.
La gran duda: no se sabe hacia qué EPS irán quienes sean trasladados
Aún no se conoce con certeza hacia dónde serán trasladados los 2,3 millones de usuarios que deberán cambiar de EPS. Esa decisión dependerá exclusivamente del Gobierno Nacional, que deberá reasignarlos a otras aseguradoras habilitadas en las regiones definidas.
Según explicó Augusto Galán Sarmiento, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, este proceso genera una “gran incertidumbre” tanto para los pacientes como para las propias EPS, que aún no tienen claridad sobre el volumen de usuarios que deberán recibir ni sobre los recursos que se destinarán para garantizar su atención.
El experto advirtió que, dada la coyuntura y el interés del Gobierno por buscar un sistema más estatizado, no puede descartarse que una parte considerable de esa población sea asignada a la Nueva EPS, la entidad más grande del país, que ya concentra cerca de 12 millones de afiliados.
“Si uno presupone la lógica del Gobierno, no sería descartable que en muchas partes del país esa fuera la prioridad de asignación”, señaló Galán, aunque recordó que la situación financiera de esa entidad sigue siendo incierta y que su sobrecarga representaría un riesgo adicional para la sostenibilidad del sistema.