El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el salario mínimo vital para 2026, que llegará a los 2 millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte, desató una fuerte controversia en el país.
Mientras las centrales obreras celebran la decisión como un avance en justicia social y cierre de brechas, gremios empresariales y sectores políticos advierten riesgos en empleo, inflación e informalidad, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones de 2026.
El argumento del presidente Petro para subir el salario mínimo en $2 millones (un alza del 23,78 %) estuvo fundamentado en que “el desempleo baja”, sin considerar que en Colombia más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad, alrededor del 55 %-56 % del total de ocupados, según datos de abril-junio, basados en informes del Dane.
Para algunos expertos, la propuesta del presidente obedece a un comportamiento populista por una simple razón: las elecciones presidenciales que se avecinan. Al mismo tiempo, lo señalan de aprovecharse de las personas de escasos recursos para construir una narrativa fundamentada en “perjudicar a los ricos para ayudar a los pobres”.
Ante esta discusión algunos colombianos, juristas y académicos ya empiezan a mirar alternativas para anular este incremento. En ese orden ideas muchos se preguntan si ¿es posible anular o demandar el decreto que incrementó el salario mínimo?
En materia jurídica, si es posible demandarlo o buscar su anulación. El decreto del salario mínimo es un acto administrativo de carácter general y puede ser demandado ante la jurisdicción contencioso-administrativa (el Consejo de Estado en Colombia) si se considera que infringe la Constitución, la ley, fue expedido sin competencia, o por falta de motivación o desviación de poder, mediante una Acción de Nulidad
Para llevar a cabo este mecanismo, es indispensable poner sobre la mesa las razones por las cuales una persona se muestra inconforme con el decreto presidencial, como el monto fijado, la posible violación del artículo 53 de la Constitución, la desviación de poder (por eventuales objetivos electorales) o el hecho de que el aumento no sea equivalente al porcentaje de inflación vigente al momento de su expedición.
En ese orden de ideas, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, propuso a los colombianos demandar ante el Consejo de Estado el incremento del salario mínimo, además de poner como antecedente del decreto que fijó el salario mínimo de 2016 con el mandato de Juan Manuel Santos, que fue anulado por fallas en la motivación y el procedimiento.
“A demandarlo, en beneficio del 90 % de los colombianos que se ven afectados por la medida del día de hoy del Gobierno. No podemos permitir la destrucción de Colombia sin argumentos de sensatez”, escribió Restrepo en su cuenta de X.
De hecho, Restrepo sostiene que esta alza está muy por encima de la inflación y la productividad del país, lo que, a su juicio, significa más pobreza en el futuro. La razón es que, desde el 1 de enero de 2026, también subirán los servicios públicos, el arriendo (también indexado al IPC), la cuota de mantenimiento o administración de edificios o conjuntos residenciales y hasta el precio de los alimentos, lo que sienta las bases para una caída económica pronunciada.