Si bien se acordó bajar $10 billones que saldrían de la ley de financiamiento, el trámite no ha terminado, la discusión seguirá en octubre para definir la política fiscal.
Las comisiones económicas del Congreso aprobaron la propuesta alternativa de Presupuesto para 2026 por un monto de $546,9 billones. Esta iniciativa fue presentada por Olga Lucía Velásquez, representante de la Alianza Verde y coordinadora dentro del trámite que se está llevando a cabo en el Legislativo.
El consenso evitó que se repitiera el escenario de la dictadura fiscal, y con ello también se abre la posibilidad de que se logren otros acuerdos en la discusión de la reforma tributaria.
Originalmente el Gobierno planteaba un monto de $556,9 billones, esto fue planteado a través de la ponencia liderada por Tamara Argote, representante del Pacto Histórico.
La oposición por su parte proponía un monto de $530,6 billones, es decir, $26,3 billones menos que el monto original, que en otras palabras buscaba desestimar la reforma tributaria.
Si bien en el debate no se precisó de dónde se recortarían $10 billones, en días previos a la aprobación de la ponencia el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que el Gobierno estaría dispuesto a sacrificar esos $10 billones del plan fiscal, que se reducirían de la reforma tributaria de $26,3 billones.
Este recorte se planteó en acuerdo entre el Gobierno y miembros de las comisiones, en particular con el representante y también presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Wilmer Castellanos.
Para ese momento, ni Ávila ni Castellanos precisaron las cifras discriminadas bajo las cuales se recortarían $10 billones. Pero ambos señalaron los rubros que permitirían dicha disminución: IVA a las cervezas, que en la proyección de recaudo de 2026, integrado con otros licores, dejaría $6,5 billones; IVA a la gasolina y al diésel ($2,6 billones); IVA a juegos de azar ($1,6 billones); e IVA a vehículos híbridos ($145.687 millones).
Podría decirse que el Gobierno cantó victoria, pero el trámite no ha concluido. El 1 de octubre el proyecto pasará a las sesiones plenarias tanto de Senado como de la Cámara de Representantes. El 20 de octubre sería el plazo para que se apruebe en estas instancias, y si no se logra, el Gobierno quedará facultado para mantener las modificaciones del primer debate. Si para el 10 de diciembre no se aprueba el Presupuesto, el Ejecutivo tendrá la facultad de expedir la iniciativa por decreto.
Desde la bancada de oposición, particularmente de algunos miembros del Centro Democrático, manifestaron que no era conveniente que el Gobierno sacara el Presupuesto nuevamente por decreto, pues eso significaría dejar en sus manos la asignación de los recursos, es decir, el destino de los montos a sectores y entidades públicas en pleno periodo electoral.
Pero con esta primera tarea cumplida, el próximo gran reto seria la discusión de la ley de financiamiento, que hace parte del monto presupuestal aprobado ayer.
“El siguiente paso será la discusión de la tributaria, que va a ser debatida con el Congreso y que tendrá un escenario distinto de reflexión, y esperamos llegar también a un consenso para la aprobación”, dijo el ministro de Hacienda. Con lo avalado del Presupuesto, la tributaria ahora buscará $16,3 billones.
Olga Lucía Velásquez, quien lideró la ponencia alternativa, señaló que, tras la discusión, se eliminaron artículos que “generaban preocupación”, entre ellos los relacionados con el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet.
Explicó que también se suprimió el artículo 88, que hacía referencia a las vigencias futuras. Según dijo, este había generado temor porque se interpretaba como una reprogramación de proyectos ya en curso. Aclaró que se decidió eliminarlo para facilitar el consenso con los congresistas.
Con las modificaciones y el monto de $546 billones, la representante propuso un gasto de funcionamiento que asciende a $359,3 billones, inferior a $365,7 billones del proyecto inicial. El servicio de la deuda se mantiene en $102,4 billones y el rubro de inversión registraría una disminución de $4 billones, pasando de $88,7 billones iniciales a $84,7 billones.
Sectores en los que habría adiciones y recortes
Velásquez también propuso que, en los gastos de inversión, debe haber una adición de $50.000 millones para agricultura y desarrollo, mientras que comercio, industria y turismo deberían adicionarse ($100.000 millones); en deporte y recreación ($200.000 millones); y en tecnologías de la información y las comunicaciones ($200.000 millones) adicionales, para un total de $550.000 millones.
También propuso una reducción de esos $550.000 millones que estarían recortados en la rama judicial ($260.000 millones), defensa y policía ($190.000 millones), salud ($81.955 millones), hacienda ($15.000 millones), interior ($2.000 millones) y ambiente y desarrollo sostenible ($1.000 millones).
Frente al sector ambiental, señaló que esta reducción se debería a la modernización del Ministerio de Ambiente. En el sector de defensa y policía explicó que esta modificación de recursos se debía a sentencias y conciliaciones en la gestión general de la cartera y también de la Policía.
No van los impuestos a la gasolina y a la cerveza
El presidente de la República, Gustavo Petro, celebró el acuerdo con el Congreso. Desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, manifestó que no habrá incrementos en la gasolina ni en la cerveza.
“Como la solicitud nueva de recursos financieros disminuye en $10 billones, creo que lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza. Espero que los productores de cerveza compren toda la materia prima de trigo y cebada de Colombia”, determinó el mandatario.
Previo a este debate, analistas como Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, manifestaron que el aumento del IVA al diésel y la gasolina serían impuestos altamente regresivos, es decir, golpearían a los más vulnerables.
Lo anterior lo señaló afirmando que la mayor parte del parque automotor se moviliza con estos combustibles, particularmente, en las motocicletas, vehículo utilizado por la mayor parte de la población.
¿Qué va a pasar con los impuestos de renta y patrimonio?
Aunque en la discusión de ayer no se hizo directa alusión a lo que se incluiría en la reforma tributaria, el ministro Ávila previamente sí señaló que considera mantener las propuestas en materia de renta y patrimonio, que para él representan un alto nivel de progresividad.
Argumentó que este puede ser un mecanismo de financiamiento, dado que para 2026 se proyecta un gasto inflexible de $509 billones, lo que equivale a 91,4% del Presupuesto.
Wilmer Castellanos, representante a la Cámara y presidente de la Comisión Cuarta, expresó que también se adelantan diálogos para que se elimine el alza del IVA de 5% a 19% a vehículos eléctricos.
La postura del Comité de la Regla Fiscal
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, expreso que, con la finalidad de cumplir el déficit fiscal aprobado por el Consejo Superior de la Política Fiscal, Confis, para 2026, es necesario un ajuste de $45,4 billones, equivalentes a 2,4% del PIB. Cabe señalar que el déficit programado para 2026, según lo mencionado por el Confis, sería de máximo 6,2% del PIB.
Legisladores que se resisten a la iniciativa
Para Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta de Senado, “el Gobierno insistió en presentar un Presupuesto totalmente desfinanciado, buscando una nueva ley de financiamiento. No podemos permitir que sigan metiéndole la mano al bolsillo a la gente para financiar el derroche y el despilfarro”. A lo que agregó que una reducción de $10 billones no es suficiente.
“Lo positivo es que logramos tumbar varios artículos dañinos que pretendían darle facultades extraordinarias al Gobierno para manejar el Presupuesto sin controles ni transparencia”, recalcó.
Postura de líderes gremiales
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham, manifestó que, aunque es una señal positiva la reducción de $10 billones en el Presupuesto, esta es insuficiente frente a la “magnitud del reto fiscal”. Para ella, no se requiere una nueva reforma tributaria, sino austeridad en el gasto público y mayor inversión productiva para impulsar el crecimiento.
“El Presupuesto debe elaborarse con base en ingresos reales y verificables, no sobre supuestos inciertos. Seguir cargando a quienes ya pagan impuestos mientras el Gobierno no ajusta su gasto es insostenible. Ha llegado el momento de administrar con responsabilidad lo que se tiene, reducir la incertidumbre fiscal y fortalecer la confianza en la economía“, concluyó.