Según Supersociedades, la empresa ha incumplido las obligaciones pactadas, incluyendo pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración.
La cadena de restaurantes del humorista colombiano, Pedro González, Don Jediondo Sopitas y Parrilla, ingresó formalmente en proceso de liquidación judicial.
La empresa del sector de alimentos, con domicilio principal en Colombia y con 33 establecimientos de comercio activos, se encontraba en proceso de reorganización desde agosto de 2022. Sin embargo, según explicó la Superintendencia de Sociedades, incumplió de manera reiterada las obligaciones pactadas, incluyendo pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración.
La compañía, conocida por su oferta de platos típicos colombianos y comida nacional e internacional, cuenta con 183 trabajadores directos, reportando con corte al 30 de junio de 2025, activos por $25.601 millones y pasivos por $25.580 millones.
Durante la fase de seguimiento al acuerdo, el juez del concurso adelantó cinco sesiones de audiencia, en las que se constató la persistencia del incumplimiento frente a obligaciones con entidades como Colpensiones, Dian, Porvenir y Protección, así como el incremento de deudas relacionadas con el impuesto al consumo.
A pesar de los requerimientos del Juez del concurso y de las oportunidades otorgadas por los acreedores, la sociedad no logró normalizar su situación financiera ni demostrar capacidad de cumplimiento.
Por lo tanto, se procedió a declarar el incumplimiento definitivo del acuerdo y a ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con fundamento en la Ley 1116 de 2006.
Frente al tema Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que, “en el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización. Tanto esta Superintendencia como los acreedores involucrados sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa. Sin embargo, ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”