Tras un periodo a manos del Gobierno, Sanitas regresa a sus antiguos dueños, quienes denuncian un desmejoramiento absoluto en todos sus indicadores.
Sanitas vuelve a manos de Keralty. Después de diecisiete meses bajo administración del Gobierno, la Corte Constitucional ordenó la restitución de la EPS al grupo empresarial, decisión que su presidente, Juan Pablo Rueda, calificó como el inicio de una etapa de reconstrucción en medio de enormes retos financieros y operativos.
“Nos entregan una empresa con un deterioro financiero inédito, de un tamaño muy grande, y con un servicio muy deteriorado”, aseguró Rueda en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, El directivo explicó que las quejas de los usuarios aumentaron más del 40 % durante la intervención, mientras que las tutelas —y especialmente los desacatos por incumplimiento— prácticamente se duplicaron.
El contexto no es menor: según un comunicado de Keralty, la intervención fue “ilegal, arbitraria y profundamente injusta, fruto de una persecución institucional” que dejó “pacientes abandonados, escasez de medicamentos y redes de atención colapsadas”
Impacto para los casi seis millones de afiliados
La gran pregunta es: ¿qué cambia para los usuarios desde hoy? Rueda fue claro: la recuperación será lenta. “Lo que tendrían que esperar los usuarios es que esto empiece a mejorar, pero no lo vamos a poder llevar ni al estado inicial previo a la intervención, ni tampoco a una situación ideal en tanto el gobierno no cumpla con su responsabilidad”, puntualizó.
Los primeros ajustes se enfocarán en:
- Mejorar las redes de atención.
- Revisar acceso a medicamentos.
- Optimizar la oportunidad en hospitalización y servicios especializados.
No obstante, reconoció que en el corto plazo no habrá transformaciones inmediatas: “El día de hoy no hay una transformación porque esta es una empresa de una dimensión increíble”, subrayó.
El problema crítico de los medicamentos
Uno de los temas más sensibles para los usuarios ha sido la entrega de medicamentos. Durante la intervención, el modelo de dispensación cambió y, con él, aumentaron las dificultades.
“Estamos revisando la red de farmacias y abriremos un nuevo diálogo con la industria farmacéutica y los gestores, para garantizar disponibilidad oportuna, sobre todo en zonas rurales”, explicó Rueda.
El Manifiesto también denuncia que la intervención generó un “desabastecimiento de medicamentos esenciales” que agravó la atención de millones de pacientes.