Expertos advierten vacíos legales frente a nuevas formas de autoidentificación que ya están llegando a los despachos judiciales del país.
Mientras el país discute reformas estructurales en materia económica y social, un nuevo fenómeno cultural empieza a generar preguntas jurídicas que no estaban en la agenda pública: personas que afirman identificarse esencialmente como animales y que buscan reconocimiento, validación o incluso trato diferencial en distintos escenarios de la vida cotidiana.
Lo que podría parecer una tendencia digital o una expresión individual aislada, comienza a tener implicaciones reales en ámbitos laborales, familiares e incluso judiciales.
Un fenómeno cultural que entra al terreno legal
En Colombia, la ley reconoce únicamente dos tipos de sujetos: personas naturales y personas jurídicas. No existen categorías intermedias ni reconocimientos basados en identidades no humanas.
Sin embargo, especialistas advierten que el desafío no está en la existencia de nuevas identidades, sino en la manera como estas interactúan con el marco normativo vigente.
“El derecho protege la libertad individual, pero también establece límites claros cuando entran en juego los derechos de terceros, la seguridad jurídica o el orden público”, explican desde Lawguard 360, compañía de asesoría y prevención jurídica
¿Puede una identidad simbólica modificar responsabilidades legales?
Desde el punto de vista jurídico, la respuesta es clara: no. La autoidentificación, cualquiera que sea su naturaleza, no altera la condición legal de ciudadano ni exonera del cumplimiento de obligaciones penales, civiles o contractuales. La responsabilidad jurídica en Colombia está asociada a la persona humana reconocida por el ordenamiento constitucional y legal.
Solo en escenarios excepcionales, y mediante peritajes médicos y psicológicos dentro de un proceso judicial, podría analizarse una eventual inimputabilidad. Pero no basta con una declaración de identidad para modificar consecuencias legales.
Empresas y familias, ante nuevos dilemas
El fenómeno también empieza a generar inquietudes en entornos laborales. ¿Debe una empresa adaptar funciones o protocolos internos frente a este tipo de identidades? ¿Hasta dónde llega el deber de no discriminación y dónde comienza la exigencia de cumplimiento contractual?
En materia de familia, el análisis es aún más delicado. Cuando existen menores involucrados, el principio que prevalece es el interés superior del niño, el cual se impone sobre cualquier manifestación identitaria que pueda afectar su bienestar o estabilidad emocional.
Un debate que apenas comienza
Más allá del fenómeno en sí, los expertos coinciden en que el verdadero desafío es jurídico y cultural: cómo equilibrar el respeto por la diversidad con la seguridad normativa que exige cualquier Estado de Derecho.
Colombia no enfrenta aún una ola masiva de litigios relacionados con este tipo de casos, pero los primeros cuestionamientos ya están apareciendo en consultas legales privadas.
“El derecho siempre va unos pasos atrás de la realidad social. Lo importante es anticiparse con análisis técnicos y no con reacciones emocionales”, concluye Lawguard 360.